Polémica en Madrid por la presencia de sacerdotes en los Comités de Etica de los hospitales públicos
La polémica saltaba ayer en la Comunidad de Madrid, después de que la cadena SER informara sobre la decisión del gobierno regional, que preside Esperanza Aguirre, de incluir sacerdotes en los comités de ética de los hospitales públicos, dándoles voz y voto para tomar decisiones, extremo que la propia Consejería de Sanidad ha desmentido mediante un comunicado. En esta nota, se matiza que la función de los sacerdotes es la "asistencia religiosa de los enfermos que lo soliciten" pero no "tienen poder de decisión". Los partidos políticos han manifestado su posición al respecto.
Según informaba ayer la SER, la Comunidad de Madrid firmó a principios de año un convenio en el que se contempla una cláusula en la que se establece que el Servicio de Asistencia Religiosa Católica va a formar parte del comité de ética y del comité interdisciplinar de cuidados paliativos. Este acuerdo, que fue firmado el pasado 2 de enero por el consejero de Sanidad, Juan José Güemes y el obispo auxiliar de Madrid, Fidel Herráez Vegas, permitía a los capellanes de los centros médicos intervenir en cuestiones morales que afectan a los pacientes.
Sin embargo, esta información fue negada inmediatamente por la propia Consejería de Sanidad, que recordó que este convenio se remonta a 1985, año en el que los Ministros de Justicia y Sanidad y el presidente de la Conferencia Episcopal Española subscribieron un acuerdo sobre la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios públicos, por lo que, puntualiza que "la mayoría de las Comunidades Autónomas tienen acuerdos similares". De este modo, el comunicado niega que los sacerdotes vayan a tener "poder de decisión" ya que, explica "no lo tiene ningún miembro del comité de ética". En este sentido destacó que la labor de los capellanes se "limita a la asistencia religiosa de aquellos pacientes que así lo soliciten".
Tras la polémica generada por esta información, el propio titular de Sanidad del Ejecutivo regional, Juan José Güemes, se dirigió a los medios en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que aseguró que ningún capellán ni nadie ajeno a la asistencia sanitaria puede tomar ninguna situación médica y, mucho menos, en cuidados paliativos. "Sólo pueden asistir a los enfermos desde el punto de vista religioso", sentenció Güemes.
Sin embargo, esta información fue negada inmediatamente por la propia Consejería de Sanidad, que recordó que este convenio se remonta a 1985, año en el que los Ministros de Justicia y Sanidad y el presidente de la Conferencia Episcopal Española subscribieron un acuerdo sobre la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios públicos, por lo que, puntualiza que "la mayoría de las Comunidades Autónomas tienen acuerdos similares". De este modo, el comunicado niega que los sacerdotes vayan a tener "poder de decisión" ya que, explica "no lo tiene ningún miembro del comité de ética". En este sentido destacó que la labor de los capellanes se "limita a la asistencia religiosa de aquellos pacientes que así lo soliciten".
Tras la polémica generada por esta información, el propio titular de Sanidad del Ejecutivo regional, Juan José Güemes, se dirigió a los medios en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que aseguró que ningún capellán ni nadie ajeno a la asistencia sanitaria puede tomar ninguna situación médica y, mucho menos, en cuidados paliativos. "Sólo pueden asistir a los enfermos desde el punto de vista religioso", sentenció Güemes.
Por su parte, los partidos políticos de la oposición en Madrid han puesto el grito en el cielo tras conocer la noticia. Los representantes madrileños de IU y PSOE, Inés Sabanés y Tomás Gómez, respectivamente, han pedido que se ponga final a este convenio y exigieron explicaciones "urgentes". Los socialistas han denunciado, además que consideran "inaceptable" que el PP "anteponga la creencia a la ciencia" con el fin de de "potenciar la introducción de un sesgo religioso", señaló la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Matilde Valentín.
Otros miembros del partido socialista han hecho pública su opinión sobre esta información, pero quien ha utilizado las palabras más duras es el secretario socialista de Libertades Públicas, Álvaro Cuesta, quien ha rechazado que "mentes podridas por el dogmatismo" intenten interponer prácticas confesionales en centros públicos. Cuesta, dijo sentir "repugnancia" frente a este acuerdo y tachó de "inquisitorial, fundamentalista e inconstitucional" esta medida que, a su juicio, supondría "una violación" de la independencia de los comités de ética.
Fuente: Europapress
1 comentario:
En el comité de ética del área, tenemos un sacerdote, y creo que todos están encantados con su presencia, no sólo en el grupo, si no con su labor asistencial, sobre todo en uno de los hospitales.
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